El gobierno mexicano presentó nuevos detalles sobre la estructura nanciera vinculada con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, mediante la cual, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron desviados cientos de millones de dólares del erario.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que las investigaciones permitieron reconstruir operaciones realizadas entre 2008 y 2018, incluyendo años posteriores a la salida de García Luna del gobierno federal.
El esquema habría utilizado contratos gubernamentales, empresas fachada, simulación de servicios y transferencias internacionales para extraer recursos públicos y posteriormente moverlos hacia otras jurisdicciones.
CONTRATOS POR MÁS DE 403 MILLONES DE DÓLARES
Una parte fundamental de la operación comenzó con contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y compañías relacionadas con la red. De acuerdo con la UIF, esos contratos alcanzaron 403.9 millones de dólares y existieron presuntas simulaciones en la prestación de servicios, además de participación coordinada de funcionarios públicos y particulares. Entre las compañías señaladas aparece Nunvav, Inc.
Las autoridades sostienen que la red de empresas cumplía varias funciones: aparentar operaciones comerciales legítimas, dar materialidad a contratos gubernamentales y aumentar el volumen de recursos públicos que podía extraerse. Posteriormente, el dinero era dispersado mediante transferencias entre sociedades y cuentas relacionadas, algunas ubicadas fuera de México. La investigación coloca a la familia Weinberg como una parte relevante de la estructura corporativa relacionada con García Luna. Según la UIF, una red de empresas fachada vinculada al grupo fue beneficiada con 30 contratos gubernamentales, presuntamente otorgados a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios y con sobreprecios.
El dinero terminó moviéndose hacia diferentes jurisdicciones, entre ellas Miami, Florida. La investigación requirió cooperación internacional con autoridades de Estados Unidos,
Panamá, España y El Salvador. Entre 2015 y 2017, según la información presentada por Reyes Colmenares, García Luna fondeó el conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos y 27 millones de dólares. La dimensión total de la estructura es considerablemente mayor. La UIF aseguró que el esquema financiero identificado alcanza aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.
La investigación comenzó a traducirse en acciones judiciales desde 2019. En diciembre de ese año, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y en septiembre de 2021 llevó el caso también a tribunales de Florida mediante una demanda civil. Para 2023 se habían obtenido órdenes de aprehensión contra 61 personas y realizado 17 detenciones relevantes relacionadas con el caso.
