Durante una sesión legislativa marcada por maniobras políticas, debates intensos y vetos anulados a última hora, el senador Michael Brooks-Jiménez lideró discretamente los esfuerzos para bloquear varios proyectos de ley que, según él, habrían afectado injustamente a la comunidad inmigrante de Oklahoma.
En esta sesión se presentaron varias propuestas de ley que generaron preocupación entre las comunidades inmigrantes. La propuesta HB 1190 buscaba impedir que residentes permanentes pudieran convertirse en oficiales de policía. La propuesta HB 1362 pretendía convertir en delito grave el simple hecho de que personas indocumentadas estuvieran en el estado. La propuesta SB 660 proponía imponer estrictas normas de registro a extranjeros. La propuesta SB 868 intentaba prohibir las políticas de “ciudades santuario”. Y la propuesta SB 114 buscaba evitar que personas indocumentadas y ciertos extranjeros compraran propiedades en Oklahoma. En conjunto, estas propuestas de ley fueron consideras como antiinmigrantes y perjudiciales.
Durante toda la sesión, el Caucus Legislativo Latino de Oklahoma —compuesto por la representante Annie Menz, el senador Michael Brooks-Jiménez y el representante Arturo Alonso-Sandoval— trabajó arduamente para frenar estos ataques y proteger los derechos de los latinos y latinas en el estado.
“En esta sesión, estuvimos luchando tras bastidores para matar esas propuestas de ley,” dijo Brooks-Jiménez. “Luchamos en el Capitolio porque representamos a nuestra comunidad. Esa es la única razón por la que estamos ahí.”
Una de las victorias más importantes fue con la Resolución Conjunta del Senado 22, un proyecto que permitía a los legisladores aprobar o rechazar reglas administrativas propuestas por agencias estatales. Entre cientos de propuestas, Brooks-Jiménez y sus colegas lograron rechazar reglas que habrían requerido que los maestros pasaran una prueba de ciudadanía y respondieran preguntas invasivas sobre el estatus migratorio de sus estudiantes.
“Estas reglas se salían del marco de la política pública,” explicó. “Eran propuestas con motivaciones políticas, no procedimientos administrativos. Y gracias al apoyo bipartidista, se retiraron y fueron rechazadas explícitamente.”
Los intentos de reintroducir esas reglas mediante enmiendas fracasaron tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, a pesar de los esfuerzos de algunos legisladores.
“Incluso algunos republicanos se levantaron y dijeron que no las apoyaban,” comentó Brooks-Jiménez. “Fue una postura bipartidista fuerte.”
Otro proyecto de ley preocupante fue el HB 1362, que habría permitido que personas indocumentadas arrestadas por delitos menores fueran acusadas de delitos graves y detenidas por el Departamento de Correcciones hasta que intervinieran las autoridades migratorias federales. “Ese proyecto habría convertido algo tan pequeño como una multa por exceso de velocidad en un delito grave si la persona era indocumentada,” dijo Brooks-Jiménez. “Establecía una fianza de hasta $60,000 y una condena de cinco años de prisión, independientemente de si eran declarados culpables.” Después de que la Cámara aprobara el proyecto, Brooks-Jiménez trabajó discretamente para evitar que avanzara en el Senado. Sin audiencia, el proyecto se estancó y murió.
Brooks-Jiménez también señaló la propuesta HB 4156, aprobado en 2023, que habría criminalizado simplemente el hecho de ser indocumentado en el estado. Aunque el proyecto fue firmado y convertido en ley, su implementación fue detenida por una demanda federal.
“El Departamento de Justicia y la ACLU solicitaron una orden judicial,” dijo. “Y recientemente, el juez Bernard Jones emitió un fallo preliminar que detuvo su aplicación.”
El senador expresó un optimismo cauteloso sobre el resultado. “Viendo la decisión del juez, tengo esperanza de que al final la declare inconstitucional. Estas leyes interfieren con la aplicación federal de inmigración, y los tribunales constantemente las han anulado.”
Brooks-Jiménez también abordó las motivaciones políticas detrás de estos proyectos, mencionando la presión del Fiscal General Gentner Drummond para endurecer la política migratoria bajo el pretexto de combatir el narcotráfico relacionado con la marihuana ilegal. “Pero no solo criminaliza el tráfico de drogas,” dijo Brooks-Jiménez. “Criminaliza a cada persona indocumentada en el estado.”
La sesión no estuvo exenta de conflictos. Aumentaron las tensiones entre la legislatura y el gobernador Kevin Stitt. A pesar de ello, Brooks-Jiménez destacó algunas victorias en cuanto a transparencia y supervisión, especialmente sobre el gasto educativo y las acciones del Superintendente Estatal Ryan Walters.
“Walters impulsó cambios al currículo que aludían a las elecciones de 2020,” dijo. “Los demócratas intentaron rechazar esos cambios, pero los republicanos no los sometieron a votación. Aun así, hicimos la lucha.”
Aunque algunas de las reglas promovidas por Walters fueron implementadas, otras —en particular las que afectaban a estudiantes inmigrantes y requerían pruebas de ciudadanía para maestros— fueron derrotadas mediante el proceso legislativo de revisión.
Al cerrar la sesión, Brooks-Jiménez reflexionó sobre el papel del Caucus Latino y sus esfuerzos continuos. Enfatizó que estar en la minoría requiere estrategia. “Muchas veces, especialmente cuando estás en la minoría, la única forma de lograr algo es trabajando tras bastidores.” Y agregó: “Cuando la gente quiere saber qué está pasando en el Capitolio, deben saber que el Caucus Latino está ahí, luchando por ellos.”
