Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril.
Estos señalamientos no son la primera ocasión en la que se ha relacionado al mandatario estatal con la organización criminal. Tras la detención en julio de 2024 en los Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel, el narcotraficante emitió una carta al Gobierno de México en la que aseguró que se trató de un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, cometido cuando acudió a una reunión en la que también estaría Rocha Moya.
Las declaraciones de “El Mayo”pusieron en el ojo público al funcionario, pero también provocaron que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores morenistas y otros funcionarios públicos, salieran a mostrar su respaldo al gobernador de Sinaloa, quien afirmó que se encontraba de viaje en EEUU cuando se planeó la reunión entre narcotraficantes, a la que sí asistió Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado ese mismo día y cuyo caso aún no se esclarece.
Luego de una larga lista de señalamientos -entre los que también se encuentra el haber sido presuntamente apoyado por la facción de Los Chapitos para obtener la gubernatura en 2021-, las autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición, así como de nueve funcionarios sinaloenses a los que también se les acusó.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que solo se trata de un proceso preventivo y no de un proceso judicial de extradición. El caso marca un parteaguas debido a que es la primera vez que se acusa a un gobernador en funciones, quien en caso de comprobarse su posible relación con el Cártel de Sinaloa podría ser enviado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.
¿EXTRADICIÓN O SOLO DETENCIÓN? EL PROCESO QUE ROCHA MOYA PODRÍA ENFRENTAR
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR) han señalado que las autoridades estadounidenses no han brindado pruebas consistentes sobre los posibles vínculos tanto de Rocha Moya como de los nueve funcionarios con el Cártel de Sinaloa, la solicitud de detención provisional está contemplada en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el proceso, a partir de ese momento se tiene un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición con pruebas suficientes, lo que lleva al inicio de una revisión judicial para que se determine si es posible o no. “Mandan una solicitud para extradición bajo del tratado y en esa solicitud tienen que poner bastante información. No nada más es una página o dos, es en realidad un expediente algo amplio y tienen que poner los delitos por los cuales se está acusado la persona, y la evidencia que tienen para enseñar que existe causa probable que la persona sí cometió el delito o delitos”, explicó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien también detalló que esta solicitud de detención está contemplada en el proceso mismo de extradición.
El caso de Rocha Moya es de suma importancia debido a que definirá el actuar de Sheinbaum frente a la corrupción en México. En años anteriores, han sido procesados en Estados Unidos funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien actualmente purga una condena de poco más de 38 años de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, solo dos ex mandatarios estatales han enfrentado la extradición y juicio en Estados Unidos.
Se trata de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), quien fue el primero en ser extraditado a los EstadosUnidos al ser acusado de narcotráfico y asociación delictuosa y, años más tarde, se sumó Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, acusado por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario.
Ambos habían finalizado el periodo correspondiente a sus cargos cuando fueron enviados a EEUU (2010 y 2017, respectivamente), pero Rocha Moya es el primero en ser acusado durante sus funciones como mandatario estatal.
David Saucedo, consultor en seguridad pública, detalló que el actuar de la presidenta se trataría de un doble discurso en el que sí estaría enfocada en investigar a Rubén Rocha Moya y los nueve funcionarios acusados por EEUU, ya que también estaría detrás de su solicitud de licencia temporal.
Sobre un posible proceso de extradición en contra de Rocha Moya, el especialista señaló que las autoridades mexicanas tendrían en mente como contrapropuesta que sea procesado y sentenciado en México, así como los nueve funcionarios acusados.
“Esa es la contrapropuesta de México, pero yo no estoy seguro que acepten. Estoy casi seguro que van a insistir que Rocha Moya sea extraditado a los Estados Unidos”, aseguró.
David Saucedo explicó que en caso de ser enviado a EEUU, el gobernador de Sinaloa con licencia sería hallado culpable.
