RESPUESTA: La ciudadanía por nacimiento, conocida en inglés como birth right citizenship, continúa siendo uno de los principios fundamentales del sistema constitucional de Estados Unidos. En términos generales, significa que toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres, salvo contadas excepciones establecidas por la ley. Ese derecho está protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, vigente desde 1868, y ha sido reafirmado durante más de un siglo por los tribunales federales.
La disposición constitucional establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”. Ese principio fue consolidado en 1898 por la Corte Suprema en el histórico caso United States v. Wong Kim Ark, que confirmó que los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes también son ciudadanos estadounidenses. Esto significa que un bebé nacido en cualquiera de los 50 estados, el Distrito de Columbia o ciertos territorios estadounidenses recibe automáticamente la ciudadanía al momento de nacer, aun cuando sus padres sean indocumentados, solicitantes de asilo, posean visas temporales o estén en proceso migratorio.
Las principales excepciones corresponden a hijos de diplomáticos extranjeros acreditados, quienes no están sujetos a la jurisdicción ordinaria de Estados Unidos. Durante los últimos meses, el tema volvió al centro del debate político después de que el presidente Donald Trump intentara restringir este derecho mediante una orden ejecutiva firmada en enero de 2025.
La medida buscaba impedir que obtuvieran la ciudadanía automática los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con visas temporales. Sin embargo, la disposición fue suspendida por diversos tribunales federales y, el 30 de junio de 2026, la Corte Suprema resolvió que esa orden era incompatible con la Decimocuarta Enmienda, manteniendo vigente el principio de ciudadanía por nacimiento. Aunque el fallo representa una importante victoria para organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, el debate político no ha terminado. Diversos legisladores conservadores han manifestado su intención de promover cambios mediante una reforma constitucional o nuevas iniciativas legislativas.
No obstante, especialistas coinciden en que modificar este derecho requeriría un proceso constitucional complejo y un amplio consenso político, por lo que la ciudadanía por nacimiento permanece plenamente vigente. Para millones de familias inmigrantes, este principio ofrece certeza jurídica sobre el estatus de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, es importante recordar que la ciudadanía del menor no cambia automáticamente la situación migratoria de sus padres ni les otorga protección contra procesos de deportación. Los hijos ciudadanos podrán, en determinadas circunstancias y una vez alcanzada la mayoría de edad, presentar peticiones migratorias para ciertos familiares conforme a la legislación vigente.
¿Qué derechos tienen los niños inmigrantes en las escuelas públicas en Estados Unidos?
RESPUESTA: Sin importar su estatus migratorio o del de sus padres, los niños que viven en Estados Unidos tienen derecho a asistir gratuitamente a las escuelas públicas desde preescolar hasta el último año de preparatoria (K-12). Este principio está protegido por una decisión histórica de la Corte Suprema y continúa vigente en todo el país, incluso en medio del endurecimiento de las políticas migratorias. Durante el proceso de inscripción, las escuelas no pueden exigir documentos que revelen el estatus migratorio del estudiante o de sus padres como condición para matricularlo. Tampoco pueden rechazar la inscripción porque la familia no tenga un número de Seguro Social. Si el distrito escolar solicita un comprobante de domicilio o documentos de identidad, estos deben servir únicamente para verificar la residencia dentro del distrito o la edad del menor, no su situación migratoria. Además, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) limita la divulgación de los expedientes académicos.
