RESPUESTA: La política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump continúa generando cambios que afectan a colombianos que viajan por turismo, hacen negocios, residen legalmente o planean migrar a Estados Unidos. Durante los últimos meses, la administración estadounidense ha acelerado la implementación de medidas relacionadas con visas, solicitudes de asilo, acceso a beneficios públicos y procesos migratorios. Las modificaciones alcanzan tanto a quienes buscan ingresar temporalmente al país como a migrantes que ya viven en territorio estadounidense bajo diferentes figuras legales. Algunas disposiciones ya están en vigor, mientras que otras comenzarán a aplicarse de manera gradual durante los próximos meses, según información publicada por El Tiempo. Entre los cambios más relevantes aparecen nuevas exigencias para obtener visas, restricciones para solicitantes de asilo, mayores controles sobre programas migratorios y modificaciones en el acceso a servicios de salud y procesos de residencia permanente. Estas son las principales medidas que hoy generan impacto entre la comunidad colombiana.
Uno de los ajustes más recientes se relaciona con las entrevistas para visas de no inmigrante. El Departamento de Estado ordenó incorporar nuevas preguntas obligatorias dirigidas a identificar si los solicitantes han sufrido maltratos en su país de origen o si temen regresar a él.
De acuerdo con la información recopilada, una respuesta afirmativa podría ser interpretada como una posible intención de solicitar asilo en el futuro. Sin embargo, responder negativamente también podría generar dificultades posteriores si la persona decide iniciar un proceso de protección internacional.
Nuevas restricciones para asilo, DACA y ciudadanía Otra de las medidas que comenzó a generar preocupación entre organizaciones migratorias es la implementación de nuevas tarifas para quienes soliciten asilo en Estados Unidos.
Las reglas establecen un pago inicial de 100 dólares para presentar la solicitud y un cobro adicional de 100 dólares por cada año que el caso permanezca pendiente de decisión. Además, quienes no realicen los pagos dentro de los plazos de nidos podrían perder automáticamente el trámite y los beneficios asociados, incluido el permiso de trabajo. Los beneficiarios del programa DACA también enfrentan nuevas dificultades. Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que contar con este estatus ya no constituye, por sí solo, una razón suficiente para cerrar procesos de deportación. Según datos citados por El Tiempo, entre 3.000 y 3.500 colombianos estarían protegidos actualmente bajo este programa, diseñado para personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. La administración también busca aumentar significativamente los procesos de desnaturalización, es decir, la revocatoria de ciudadanía obtenida mediante naturalización cuando las autoridades detecten posibles irregularidades, fraudes o inconsistencias en la información suministrada durante el proceso. Las medidas impulsadas por la Casa Blanca también podrían afectar el acceso al sistema financiero. Aunque aún no existe una decisión definitiva, se estudia una propuesta para que los bancos verifiquen el estatus migratorio de sus clientes antes de abrir o mantener cuentas. Actualmente, muchas personas pueden acceder a servicios bancarios utilizando documentos como pasaportes o números ITIN sin necesidad de acreditar una condición migratoria específica. Un eventual cambio podría afectar a millones de inmigrantes que utilizan el sistema financiero estadounidense.
En materia de salud, una reforma aprobada por el Congreso en 2025 modificó las reglas de acceso a programas como Medicare, Medicaid y subsidios contemplados en la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Más de 1,4 millones de inmigrantes legales podrían verse afectados por estas restricciones. Parte de los cambios comenzarán a implementarse en octubre de este año y tendrán un impacto más amplio a partir de 2027.
