Sábado, 21 Mayo 2022
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Padres exigen justicia

Padres exigen justicia Destacado

Los padres del estudiante Ángel Yael Ignacio Sánchez reprobaron la liberación del agente de la Guardia Nacional (GN) que asesinó a su hijo. La Universidad de Guanajuato compartió la carta en donde rechazaron la resolución del juez y exigieron cero impunidad. En el documento firmado por Normal Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, padres del joven, se solicitó que “su caso sea el inicio de algo distinto” ya que, según con el texto, es común vivir con este tipo de injusticias.

 

“Estoy consciente que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que: ‘no haya un Ángel más’, que ninguna madre tenga que vivir esto”, se lee en el documento.

 

Asimismo, los padres del joven señalaron que esperan acciones inmediatas por parte del Ministerio Público Federal, así como una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa. “Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Mi hijo murió y eso no va cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente”, apuntaron Norma Rangel y Gerardo Ignacio. Por su parte, la Universidad de la entidad se sumó a la petición de los padres entorno a la investigación, pues calificó que el ataque fue de tal gravedad contra la comunidad estudiantil.

 

“Nos sorprende que la imputación del de la Fiscalía General de la República haya sido por el delito de tentativa de homicidio, cuando fue privado de la vida uno de nuestros estudiantes y otra estudiante fue gravemente lesionada”, se aprecia en el comunicado que lanzó la institución educativa por medio de redes sociales.

 

La determinación del juez se dio a conocer gracias a un documento que compartió el rector de la Universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien señaló: “Lamentablemente el Juez Federal de Control, derivado de la formulación de imputación realizada por la Fiscalía General de la República, dictó auto de no vinculación a proceso al elemento de la Guardia Nacional. Ha quedado en libertad”. Ante ello, estudiantes comenzaron a planear organizaciones para bloquear la Carretera Federal 45 como protesta por la impunidad del caso.

 

Apenas el pasado 29 de abril, la FGR atrajo el caso, pues la Fiscalía de Guanajuato había anunciado previamente que llevaría las indagatorias pertinentes. El agente fue puesto a disposición del Ministerio Público local, pero luego fue turnado a la delegación federal.

 

Aunque el proceso ya fue concluido en la audiencia inicial, se prevén mayores movilizaciones por parte de los universitarios y también están pendientes las conclusiones de la Comisión Nacional de Dere- chos Humanos (CNDH), que comenzó con investigaciones por la queja en el expediente CNDH/2/2022/3962/Q.

 

Según el reporte oficial de la Guardia Nacional, los agentes realizaban patrullajes para combatir el robo de hidrocarburos cerca de los ductos de Pemex, conocido como huachicol, cuando observaron dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin reconocer a sus ocupantes en inmediaciones del poblado Exhacienda el Copal. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, aseguró la dependencia, la camioneta en que viajaban los estudiantes se retiró del lugar de manera precipitada, lo que desconcertó al personal policial, hecho que ocasionó que el elemento abriera fuego hacia los jóvenes.

 

SUJETOS A PROCESO

Cuestionado por ello, el presidente, Andrés Manuel López Obrador confirmó que el posible elemento responsable ya se encuentra detenido. Esto, luego que se liberara a un primer oficial al determinarse que su arma no fue la presunta homicida. No obstante, aseguró que las investigaciones continuarán desarrollándose en contra de los involucrados pues, señaló, se comprobó que éstos habrían accionado sus armas hacia los jóvenes guanajuatenses.

 

“La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación (...) Está abierta la investigación, al que liberaron también se comprobó que disparó por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso”. Bajo ese tenor, el tabasqueño envió sus condolencias a familiares de las víctimas, además de refrendar que no habrá ningún tipo de encubrimiento: “Se castigará a los responsables. No hay impunidad; no hay encubrimiento”, declaró en su conferencia matutina. De acuerdo con un asesor jurídico de los padres de Ángel Yael, el inculpado, al tratarse de un marino con conocimiento y experiencia en el uso de las armas, actuó con dolo. Es decir, sabía las implicaciones de disparar contra los jóvenes en la tarde del 27 de abril.

 

Por esa razón, el oficial fue acusado de homicidio calificado en grado de tentativa e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso).

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