La nueva Suprema Corte llega a su primer año de funcionamiento con cambios en la manera de seleccionar y procesar asuntos, pero también con problemas financieros y cuestionamientos sobre la relación de sus ministros con distintos sectores.
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, aseguró que una de las primeras medidas fue endurecer la revisión de los casos que buscan llegar al máximo tribunal. La Secretaría General de Acuerdos analiza ahora si cada expediente puede establecer un criterio relevante para el sistema jurídico antes de admitirlo.
El resultado, según Aguilar, ha sido una reducción cercana al 30% en los asuntos que ingresan.
La intención es impedir que recursos sin trascendencia constitucional lleguen a la Corte únicamente para retrasar la resolución definitiva de los conflictos. El ministro sostiene que anteriormente existían expedientes que eran admitidos para terminar prácticamente detenidos.
MENOSTIEMPOPARAPROCESAR LOS CASOS
Aguilar afirma que los resultados comienzan a reflejarse en los tiempos internos.
Un expediente podía tardar aproximadamente tres meses en llegar a la mesa de los ministros. Actualmente, de acuerdo con su balance, el procedimiento requiere entre 15 y 20 días.
El rezago, sin embargo, no ha desaparecido. Aguilar reveló que encontraron un engrose —el documento final que incorpora lo resuelto por el pleno— pendiente desde hacía dos años y todavía existe un expediente con cuatro años de retraso. La Corte también implementó un sistema informático para distribuir aleatoriamente los asuntos entre las ponencias y comenzó a utilizar códigos QR para facilitar el seguimiento de expedientes. La digitalización continuará, aunque se mantendrán mecanismos presenciales para las personas sin acceso a internet.
UN DÉFICIT DE 130 MILLONES
Las finanzas representan otro de los problemas. Aguilar aseguró que la SCJN enfrenta actualmente un déficit de 130 millones de pesos, situación que condiciona decisiones relacionadas con las prestaciones de sus trabajadores. Una de las controversias recientes surgió por la posibilidad de restituir el seguro de gastos médicos mayores a 288 empleados. El presidente de la Corte aclaró que la medida todavía no está aprobada y solamente podría aplicarse si existe su ciencia presupuestaria. Los ministros no estarían incluidos.
También respondió a las críticas por la adquisición de camionetas al comienzo de su administración. Aguilar señaló que fueron compradas después de dictámenes técnicos que detectaron vehículos en malas condiciones y afirmó que posteriormente fueron reasignadas a jueces y magistrados que las necesitaban.
¿EMPRESARIOS CABILDEANDO EN LA CORTE?
La fotografía de la ministra Lenia Batres con Carlos Slim abrió otro debate: hasta dónde deben llegar los encuentros privados entre integrantes de la Corte y empresarios con intereses que eventualmente podrían terminar en litigios.
Aguilar rechazó que algún grupo económico determine las decisiones del pleno y defendió una política de “puertas abiertas” que permita conversar con empresarios, sindicatos, banqueros, periodistas y otros sectores. Para reducir las dudas sobre esos acercamientos, anunció la realización de foros públicos a partir de septiembre. Según el ministro, las resoluciones deben depender de la Constitución y de los criterios jurídicos del tribunal, no de la influencia de grupos externos.
PRISIÓN PREVENTIVA, EL EXPEDIENTE QUE NO PUEDE ESPERAR
Otro asunto pendiente tiene dimensión internacional. Aguilar señaló que la Corte deberá abordar antes de finalizar 2026 la controversia relacionada con la prisión preventiva oficiosa, después de las exigencias del sistema interamericano para modificar su aplicación en México.
El ministro evitó anticipar cuál será el criterio del pleno, aunque se comprometió a que el asunto sea discutido este año. La revisión será una de las decisiones más relevantes de esta integración de la SCJN y pondrá a prueba su posición frente a uno de los debates constitucionales y de derechos humanos más importantes del país.
