Clemente Rodríguez honra a su hijo desaparecido con tatuajes. Primero se dibujó una tortuga —símbolo de la escuela de maestros rurales donde estudiaba— que tiene otra tortuguita en el caparazón. Luego a la virgen de Guadalupe, patrona de México, con el número 43. Después vino el tigre, la fuerza de su pueblo, y una paloma, la esperanza.
Es “para que si mi hijo llega mañana, sepa que le estuve buscando”, explica este hombre que ha pasado la última década rastreando pistas, escudriñando expedientes, lanzando gritos en las marchas y lágrimas a solas en su huerta. Del joven solo se ha encontrado un hueso del pie. Sus padres no aceptan que ahí termine su búsqueda.
El 26 de septiembre de 2014, Christian Rodríguez, un joven alto de 19 años apasionado por el baile folclórico que acababa de ingresar a una escuela de maestros rurales del sur de México, la Normal Rural de Ayotzinapa, desapareció con otros 42 compañeros.
Cada día 26, de cada mes, de cada año, durante 10 años, Rodríguez y su esposa, junto al resto de familias de los 43, marchan por Ciudad de México exigiendo respuestas. “La tenemos muy difícil, muy difícil”, reconoce Rodríguez.
Muchas preguntas y pocas respuestas
El caso Ayotzinapa es más que el horror de la ausencia de 43 jóvenes de entre 17 y 25 años, una gota en el océano de los más de 115 mil desaparecidos que tiene México. Un reflejo de los numerosos crímenes sin resolver en un país donde los activistas de derechos humanos afirman que la violencia, la corrupción y la impunidad han sido la norma desde hace mucho tiempo.
A lo largo de los años, las autoridades han ofrecido diferentes explicaciones. La administración anterior del ahora expresidente Enrique Peña Nieto dijo que los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel de drogas del estado, y que los cuerpos fueron entregados a figuras del crimen organizado, quienes quemaron sus cuerpos en un vertedero y arrojaron sus cenizas a un río. Un fragmento de hueso de uno de los estudiantes fue encontrado más tarde en el cuerpo de agua.
Más tarde se descubrió que toda esa versión oficial de los hechos era falsa y había sido elaborada desde las más altas instancias del poder.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la fuente del ataque, pero el actual Ministerio Público, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad creada específicamente para investigar la desaparición de los estudiantes, desmintieron la versión sobre la incineración de los cuerpos en un vertedero. Acusaron a altos funcionarios de plantar el hueso en el río para que encajara con su versión. También desenterraron pistas en un lugar diferente, incluidos trozos de hueso de uno de los pies de Christian.
Otra forma de entender la violencia
El primer año de búsqueda fue de aprendizaje, dice Clemente Rodríguez. Comenzaron a percibir la violencia de otra manera. Las familias peinaban pueblos, preguntaban por todas partes, recorrían territorios donde solo mandaba el crimen organizado.
Rodríguez se encontró con muchos desplazados por la violencia. El miedo estaba por todas partes. “Al salir de casa, me encomendaba a Dios porque no sabía si volvería”. Autoridades tocaron las puertas de varias familias con propuestas económicas con las que, según Rodríguez, pretendían acallar sus voces. “Mi hijo no se vende”, dijo cuando su esposa le contó que tocaron la suya.
Tampoco olvida unas palabras susurradas un día que se movían escoltados por militares. “Me dijeron: ‘Nunca los van a encontrar. Van caminando con el enemigo’”. Ahora, con 16 militares imputados, entiende el calado de esa afirmación.
Muy pronto los cerros de Iguala comenzaron a abrirse. Las autoridades encontraban fosas y cadáveres que no eran de los estudiantes y sugerían algo mucho más grave: que no eran 43 los desaparecidos en esa zona sino muchos más. Los padres se sentían morir ante cada nuevo hallazgo.
Cristina Bautista recuerda el impacto al saber que una mujer llevaba buscando a su hijo tres años, otro hombre, cinco. Ella que pensaba que todo sería cuestión de semanas. “No aguanté, salí corriendo a llorar. ¿Cómo es posible que tanta gente estén desaparecidos?”.
Al llegar la primera identificación de un hueso calcinado de uno de los estudiantes, Rodríguez dice que sintió el mismo dolor que si hubiera sido su hijo. Repetir sus nombres en las marchas se convirtió en una especie de comunión a veces interrumpida por el cierre violento de algunas protestas.
Gracias al acompañamiento de peritos argentinos y un grupo de investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos campesinos, albañiles, cocineras o migrantes, plantaron cara a dos gobiernos. Cuando se fueron, en 2023, fue como si los hubieran dejado huérfanos.
Dos administraciones, dos fracasos
A finales de agosto, la última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador —que termina su mandato el 30 de septiembre— dejó en las familias un regusto extremadamente amargo. Les había prometido ser diferente, abrir los archivos de inteligencia y encontrar a sus hijos, pero optó desde hace más de un año por defender al Ejército e insultar a sus abogados.
“Este gobierno ya se va e igual que (el de) Enrique Peña Nieto”, que estuvo al mando entre 2012 y 2018, reprochó Rodríguez. “Se ha tratado de burlar de nosotros”.
No niega, en cambio, que al principio hubo avances, como la detención del exprocurador general — procesado por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia — o el hallazgo de nuevas evidencias, entre ellas, dos fragmentos óseos de otros dos estudiantes en un lugar donde antes no se había buscado.
Uno de ellos eran dos gramos del pie de Christian, el hijo de Rodríguez y Telumbre. Se negaron a recibir el huesito o a hacerle una ceremonia, como les proponían las autoridades, porque para ellos eso era cerrar el caso y reconocer su muerte.
“Le pueden cortar las piernas, sus brazos y un ser humano sobrevive”, asegura Rodríguez. “La esperanza no me la van a quitar”.
