Saturday – June 22, 2024

Duro golpe a la ley HB 4156

El martes 21 de mayo el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado de Oklahoma por la inconstitucional ley estatal de inmigración HB 4156, esto después de que el 15 de mayo, la Administración del Presidente Joe Biden enviara una carta al Gobernador Kevin Stitt y al Fiscal General Gentner Drummond, señalando que la ley es inconstitucional, y dándoles de plazo el 20 de mayo de 2024 para que Oklahoma suspendiera dicha aplicación, y así buscar todos los recursos legales apropiados para garantizar que Oklahoma no interfiera con la función del gobierno federal; sin embargo,  el Fiscal General Gentner Drummond, respondió: “Una cosa que ha sido evidente durante los últimos tres años y medio es que la Administración Biden sólo está ‘comprometida’ a subvertir las leyes de inmigración de este país. Sus demandas equivocadas ignoran que Oklahoma tiene no sólo el derecho soberano, sino también la obligación legal solemne, de proteger sus propias fronteras y a sus propios ciudadanos. Están equivocados acerca de nuestra ley, y si la Administración Biden presenta una demanda por ella, defenderé enérgicamente a Oklahoma y a su gente”, fue la respuesta de Drummond en una carta enviada a la Administración del Presidente Biden el pasado 17 de mayo.

Cumplido el plazo dado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se presentó la demanda contra el Estado de Oklahoma para impugnar el Proyecto de Ley 4156. “Oklahoma no puede hacer caso omiso de la Constitución de los Estados Unidos y del precedente establecido por la Corte Suprema. Hemos presentado esta acción para garantizar que Oklahoma se adhiera a la Constitución y al marco adoptado por el Congreso para la regulación de la inmigración”, dijo en un comunicado el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.

El documento también señala que, la ley de Oklahoma crearía nuevos delitos estatales para regular la entrada, el reingreso y la presencia de no ciudadanos en los Estados Unidos, con cargos que van desde un delito menor hasta un delito grave. En particular, la HB 4156 exige que los no ciudadanos condenados por violar sus disposiciones abandonen el estado, otorgando efectivamente a Oklahoma la autoridad independiente para exiliar a los no ciudadanos del estado y permitiendo un mosaico de esquemas de inmigración estatales. Sin embargo, la Corte Suprema reconoció en Arizona v. Estados Unidos, 567 US 387 (2012), que la autoridad para admitir a no ciudadanos y determinar su estatus en los Estados Unidos es una responsabilidad fundamental del gobierno federal. 

Es importante señalar que la demanda fue presentada en nombre de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. 

Es importante mencionar que, Wade Gourley, jefe del Departamento de Policía de Oklahoma City comunicó que su departamento no verifica el estatus migratorio y hacerlo para cada persona sería un trabajo muy complicado y que además, no piensa dañar la relación que por años les ha tocado construir con la comunidad hispana y otras comunidades.  

Al cierre de esta edición el Gobierno de Oklahoma no ha respondido a la demanda realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero seguiremos informando en nuestras plataformas digitales cualquier avance con la ley HB 4156.

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Josue Ramos

Journalist at El Nacional De Oklahoma

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