El tema educativo en el estado de Oklahoma ha generado temor en la comunidad migrante, ya que el superintendente estatal de educación, Ryan Walters, en cada oportunidad ha señalado su interés por calcular los costos asociados a educar a estudiantes indocumentados, de igual manera que se desarrolle información de los padres que no cuentan con un estatus legal.
El Departamento de Educación de Oklahoma presentó un proyecto que propone modificar las reglas administrativas en el sistema educativo, las cuales incluyen la obligación de que los estudiantes inmigrantes presenten pruebas de ciudadanía al inscribirse en las escuelas públicas.
Este proyecto ha generado diversos debates, ya que algunos aseguran que esta medida busca comprender mejor las necesidades que presentan los estudiantes a nivel educativo, cultural y gramatical. Sin embargo, por otro lado organizaciones en favor de la comunidad migrante señalan que esto podría abrir la puerta a prácticas discriminatorias y que puede servir como herramienta de control para futuras políticas migratorias más estrictas.
Es importante señalar que esta medida no negaría la educación a quienes no puedan cumplir con el requisito, sin embargo, sí obligaría a las instituciones a mantener un registro de los alumnos sin documentación.
La reforma educativa que se presentó por el Departamento de Educación de Oklahoma, propone modificar las reglas administrativas en el sistema educativo. Este incluye la obligación de que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía al inscribirse en las escuelas públicas. Pero es importante señalar que, las instituciones educativas no pueden negar el acceso a la educación, pero sí estarían obligadas a elaborar un registro detallado de los estudiantes que no puedan demostrar su estatus migratorio.
Aunque las autoridades educativas han señalado que el objetivo de estas medidas es identificar las barreras culturales y lingüísticas que podrían influir en el rendimiento académico de los estudiantes, y evaluar las necesidades de financiamiento y recursos de los distritos escolares. El contexto político y las declaraciones del superintendente Walters han generado desconfianza, y para muchos esta propuesta es un intento de dividir a los estudiantes según su estatus migratorio.
Recientemente Jamie Polk, superintendente de las Escuelas Públicas de Oklahoma City, señaló que el distrito no recopila, ni tiene planes de recopilar el estatus migratorio de los estudiantes después de que la Junta de Educación del Estado de Oklahoma propusiera este proyecto de requerir a los estudiantes una prueba de ciudadanía.
“Es importante tener en cuenta que las normas propuestas deben pasar por un largo proceso antes de su aprobación. El distrito seguirá de cerca los acontecimientos”, señaló Jamie Polk.
Por otra parte la Doctora Ebony Johnson, superintendente de las Escuelas Públicas de Tulsa, también envió un mensaje a las familias de Oklahoma, manifestando que nada ha cambiado en los procesos ni en la manera que le dan la bienvenida a los estudiantes y a sus familias, y que no recolectan, requieren, ni comparten ninguna información relacionada con el estatus migratorio con el gobierno estatal y federal.
“Quiero dejarle saber a las familias que esta es solo una propuesta y que no ha sido aprobada, ni ha entrado en efecto. El proceso de aprobación para el cambio que se ha desarrollado sería bastante complejo e incluiría varias etapas y tomaría tiempo. Recuerden que la Constitución de los Estados Unidos garantiza a cada niño el derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio”, expresó la Doctora Ebony Johnson.
Cabe mencionar que la Junta de Educación del estado deberá aceptar comentarios públicos sobre las propuestas de nuevas normas administrativas, por lo que se desarrollaran audiencias públicas, las cuales están programadas para el 17 de enero, y se llevarán a cabo dentro del edificio Oliver Hodge en el complejo del Capitolio estatal, que alberga al Departamento de Educación del estado. Una vez que finalice el período de comentarios públicos, la Junta de Educación del estado deberá aprobar las propuestas de normas. Las normas se enviarán luego a la Legislatura para su consideración y, finalmente, al gobernador para su aprobación”.
