El asesinato de Rafael Tirado Lizárraga, empresario frutero en Mazatlán, Sinaloa, representa el caso más reciente de una serie de ataques que, en seis meses, ha dejado al menos nueve empresarios víctimas de secuestro o asesinato en México.
La violencia dirigida contra figuras del sector privado se ha extendido por regiones clave del país, desde Sinaloa hasta Veracruz, generando alarma y exigencias de respuesta por parte de las cámaras empresariales.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) condenó el más reciente crimen ocurrido en vísperas de Semana Santa y demandó a las autoridades fortalecer la seguridad.
Octubre de 2025
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue un líder reconocido entre los productores de limón en Michoacán y un activista que denunció abiertamente la extorsión y las amenazas del crimen organizado contra el sector agrícola.
El 20 de octubre de 2025, Bernardo Bravo fue secuestrado tras acudir al tianguis limonero y dirigirse sin escoltas a la comunidad de Cenobio Moreno, donde fue citado bajo engaños. Horas después, su cuerpo fue hallado en un camino rural cerca de Apatzingán, con signos de tortura y un disparo en la cabeza.
Las investigaciones oficiales apuntan a la célula criminal Los Blancos de Troya, en alianza con Los Viagras y el CJNG, como responsables del asesinato. Entre los detenidos se encuentra César Alejandro Sepúlveda, alias “El Bótox”, identificado como responsable intelectual y material del crimen y dueño del rancho donde fue ultimado Bravo.
Ese mismo mes, otra de las víctimas fue Javier Vargas Arias, empresario citrícola del municipio de Álamo Temapache, Veracruz, quien fue asesinado la mañana del 23 de octubre de 2025 en plena vía pública. El ataque se registró en el ejido Jardín Nuevo, donde un comando armado interceptó a Vargas Arias y le disparó en repetidas ocasiones.
El empresario, dedicado a la producción de naranjas, recibió varios impactos de bala y, aunque fue trasladado de inmediato al Hospital General de Álamo Temapache, murió minutos después de su ingreso. Testigos señalaron que los agresores portaban equipo táctico con apariencia militar y huyeron en una camioneta blanca. El asesinato de Vargas ocurrió apenas cuatro días después del de Bravo Manríquez.
Diciembre de 2025
José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona y empresario destacado de Jalisco, fue asesinado tras ser secuestrado en una carretera de la Sierra Occidental el 27 de diciembre de 2025. Mientras viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta, un grupo armado interceptó su vehículo a la altura del crucero Volcanes, en el municipio de Atenguillo. Los agresores despojaron a la familia de objetos personales y se llevaron únicamente al empresario, dejando ilesos a sus acompañantes.
No hubo demandas de rescate tras el secuestro. Dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo de Corona fue encontrado a un costado de la carretera, cerca del lugar de la privación de la libertad. Presentaba lesiones por golpes y heridas de bala.
A los 42 años, Adrián Corona presidía Grupo Corona, empresa reconocida en la producción de tequila, mezcal, vinos y licores, con impacto económico y social en Tonaya y la región. Su gestión impulsó la proyección nacional e internacional de la compañía, generando empleo y promoviendo el desarrollo local.
Ese mismo mes, Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, fue asesinado la mañana del 29 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco, durante un ataque armado que también cobró la vida de su hija de 16 años y uno de sus escoltas, además de dejar a cuatro escoltas heridos.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante, donde al menos 30 personas armadas, presuntamente a bordo de varios vehículos, emboscaron la camioneta en la que viajaba Prieto Valencia. La agresión se prolongó durante varios minutos y dejó más de 200 casquillos en la escena.
Prieto Valencia era un comerciante y empresario vinculado al Mercado de Abastos de Guadalajara, con actividad en el sector de cereales, abarrotes y transporte de carga, y fundador de Transportes Odal. Autoridades estatales señalaron que existían antecedentes penales en su historial y que las investigaciones exploran su posible relación con esquemas de extorsión conocidos como “rifas colombianas” y con préstamos ilegales tipo “gota a gota”.
Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque habría sido planeado, ya que vecinos detectaron movimientos sospechosos y uso de drones para vigilar la zona en días previos. Las autoridades manejan como presuntos responsables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que varios de los atacantes portaban chalecos tácticos con las siglas de este grupo.
Febrero de 2026
Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, empresarios de San Luis Potosí, fueron reportados como desaparecidos el 7 de febrero y localizados sin vida en el municipio de Pinos, Zacatecas.
Ortega Venegas era reconocido por su actividad restaurantera y perfilado como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano. Luna Silva, dedicado a la cosecha de chile, era hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024 cuando buscaba la candidatura de Morena.
Reacción empresarial
La secuencia de ataques ha generado una respuesta inmediata de las cámaras empresariales. Canacintra, Canirac y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han urgido a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad y garantizar condiciones para la operación de empresas, la inversión y la vida comunitaria.
Según cifras de la Coparmex, el 46,8% de las empresas mexicanas reportaron ser víctimas de al menos un delito durante 2025, y la extorsión figura entre los principales riesgos para el sector privado. El sindicato empresarial señaló que los casos de extorsión han ido en aumento desde el año pasado, siendo el segundo delito más reportado por sus afiliados.
En cada caso, las víctimas compartían un perfil de liderazgo empresarial, arraigo local y exposición a amenazas y extorsiones en zonas marcadas por la disputa territorial de grupos criminales. Los antecedentes familiares de violencia, los vínculos políticos y empresariales, y la presión sobre el sector productivo se reflejan en la respuesta social y mediática ante cada suceso.
Las investigaciones oficiales permanecen abiertas en la mayoría de los casos. Las autoridades estatales y federales han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y mejorar la seguridad, mientras el sector empresarial insiste en la urgencia de resultados concretos para frenar una tendencia que, en los últimos seis meses, ha cobrado la vida de varios de sus miembros.
