Durante una reunión con miembros de la Junta Escolar de Educación el superintendente estatal Ryan Walters señaló que desea que los distritos escolares del estado de Oklahoma, reúnan información sobre los impactos económicos y el costo que generan los estudiantes inmigrantes que reciben educación en las escuelas públicas del estado.
“Lo que haremos en las próximas semanas es realizar una guía para los distritos, donde nos ayudarán a encontrar un recuento preciso y efectivo del costo y la carga que la inmigración ilegal tiene no solo para sus escuelas, sino para los contribuyentes del estado de Oklahoma”, dijo Walters durante la reunión.
Al darse a conocer esta información líderes escolares y organización que luchan en defensa de las comunidades migrantes, han rechazado el plan que el superintendente estatal Ryan Walters desea implementar y han señalado que debería concentrarse en mejorar el nivel educativo de las escuelas en lugar de promover el miedo y la discriminación, ya que Oklahoma ocupa el lugar 49 en nivel académico en todo el país.
“La nueva directiva de inmigración del Superintendente Walters es perjudicial e ilegal. Oklahoma debería centrarse en mejorar la educación, no en propagar el miedo y la discriminación. Estamos con nuestros estudiantes inmigrantes y aplaudimos a los distritos que rechazan esta directiva injusta”, fueron las palabras expresadas por líderes de la organización Dream Action Oklahoma, quienes en un comunicado de prensa señalaron también que la iniciativa presentada por el superintendente estatal, va en contra de la ley federal que señala que todos los niños en los Estados Unidos tienen el mismo derecho a inscribirse y participar en las escuelas públicas primarias y secundarias sin importar su estatus migratorio.
Además, diversos distritos escolares han manifestado su desaprobación ante la petición de Walters y han dicho que no verificarán el estatus migratorio de los estudiantes si lo solicita el departamento de educación del estado.
Las escuelas públicas de la ciudad de Oklahoma dijeron en un comunicado que no registran, ni registrarán información sobre el estatus migratorio de los estudiantes o sus familias. De igual manera los distritos de Broken Arrow, Moore, Norman y Union, manifestaron que no verificarán el estatus migratorio de sus estudiantes.
Recuerde que no se le puede negar el acceso a la educación a ningún estudiante por su origen o estatus migratorio, si usted recibe esta negación, puede reportarlo a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Es importante señalar que al cierre de esta edición varios republicanos de la Cámara de Representantes firmaron una carta pidiendo una investigación sobre las acciones “alarmantes” del superintendente estatal Ryan Walters, y pidieron una investigación sobre si los “fracasos” justifican un juicio político.
La carta solicita la creación de un comité de investigación especial en el Departamento de Educación del estado, cuya responsabilidad sería investigar los “fallos internos y externos” de Walters y de la Junta de Educación del estado en el cumplimiento de la ley.
También analizaría si esas fallas constituyen negligencia intencional del deber o incompetencia, que según la Constitución de Oklahoma son motivos para un juicio político.
