Lunes, 16 Septiembre 2019
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“Soñadores” emigran a otros estados para pagar la universidad.

Jóvenes inmigrantes amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) dejan Arizona en busca de mejores oportunidades de estudio en estados “más amigables”, por lo difícil que les resulta pagar matrículas en universidades y colegios comunitarios.

“En Arizona nos quitaron la posibilidad de pagar como residentes, nos cerraron la puerta para terminar una carrera. Un semestre estabas pagando como residente y de pronto al siguiente debías pagar como extranjero”, dijo a Efe la mexicana Emily Camacho, que en su día se acogió al programa de protección DACA. Camacho, que llegó a Arizona cuando solo tenía cinco años y ya ha cumplido los 20, tomó “la dura decisión” de dejar a su familia para continuar estudios de Administración de Empresas en St. Mary’s University, en San Antonio, Texas.

“Creo que si me hubiera quedado en Arizona solo hubiera podido tomar una o dos clases por semestre. Mis padres no pueden pagar por la educación de mi hermana y la mía”, sostuvo en entrevista telefónica desde Texas.

La joven indicó que las universidades privadas en Texas no tienen matrículas diferentes para estudiantes que no son residentes legales en el país, y que por tal motivo los estudiantes con DACA como ella pueden pagar lo mismo que estudiantes locales.

Karina Ruiz, presidente de la Coalición del DREAM Act (acrónimo en inglés de Educación para Menores Inmigrantes Soñadores), señaló que la imposibilidad de pagar matrículas como residentes en universidades y colegios comunitarios está impactando duramente a los “soñadores” en Arizona. “Simplemente, muchos no pueden pagar tanto dinero. Las opciones son muy pocas, pero de todas formas les estamos pidiendo que no se den por vencidos y que por lo menos continúen tomando una clase”, dijo Ruiz.

Tras una larga y dura lucha legal en las cortes, el pasado mes de abril la Suprema Corte del Estado de Arizona dictaminó que los jóvenes estudiantes con DACA no tienen derecho a pagar matrículas en universidades y colegios comunitarios al mismo precio de los residentes del estado. El fallo se produjo debido a una ley estatal aprobada por los votantes en 2006, que niega este derecho a todos aquellos no cuenten con un estatus legal en los Estados Unidos, sin importar cuántos años lleven viviendo en Arizona o si se graduaron en escuelas secundarias locales. La decisión de la corte triplicó de un semestre a otro el costo de una educación superior para los beneficiarios del programa DACA.

Los estudiantes con DACA no son elegibles para asistencia financiera federal, por lo que dependen en gran parte de becas privadas y eso no es tan fácil de conseguir.

La “solución” de abandonar Arizona e irse a otros estados como Texas, Nuevo México y California, donde las matrículas cuadran mejor con los niveles de ingresos de estos jóvenes inmigrantes, es dura porque ellos mismos la consideran como una “emigración”.

La mexicana Emily Camacho encontró en Texas mejores opciones.

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    En mi solicitud de residencia no coloqué que fui arrestado hace años por manejar ebrio pero no fui a la cárcel, sino que pague una multa y realicé trabajo comunitario. ¿Eso puede afectar mi tramite?

    RESPUESTA: Nunca mientan en solicitudes de inmigración. El gobierno federal investiga a fondo toda la información que un extranjero presenta en su solicitud para emigrar al país Si determinan que mintieron en una solicitud para trámites migratorios, pueden penalizar severamente a los peticionarios y negarle el beneficio que está solicitando. Hay Instancias en que extranjeros consiguen un estatus migratorio tras cometer fraude. Pero eso no significa que están a salvo, Si después de otorgar un beneficio migratorio, el gobierno federal se da cuenta que un inmigrante cometió fraude, le pueden revocar la residencia, ciudadanía y deportarlo.

    Soy residente permanente de los Estados Unidos. Salí del país porque tenía un familiar muy enfermo. Fui al consulado americano y me dijeron que podía estar fuera de los EE.UU. por once meses. ¿Tendré problemas al volver al país?

    RESPUESTA: Un residente permanente de los Estados Unidos puede viajar fuera del país, pero su estadía no puede exceder más de un año. Si te sobrepasas de este tiempo tendrás que solicitar una visa de residente retornante en la Embajada de EE.UU. en tu país para poder regresar a los EE.UU. Asumiendo que tu estadía será menor a un año, no debería haber problemas al regresar a los EE.UU. Sin embargo, si en el pasado has tenido múltiples ausencias prolongadas o frecuentes fuera del país, el oficial de aduanas puede acusarte que has abandonado tu estatus de residente permanente de los EE.UU. En estos casos, el oficial de aduanas podría referirte a una corte de inmigración para que un juez determine, de acuerdo a las pruebas presentadas, si has abandonado tu residencia permanente en los EE.UU. Por otro lado, es importante decir que se puede obtener un permiso de reingreso que autorice una permanencia fuera de los EE.UU. de hasta dos años. Este permiso debe solicitarse antes de salir y estando fuera del país. Este permiso de reingreso puede ser enviado a una Embajada o Consulado de EE.UU. O a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU en el exterior para ser recogido por la persona que está solicitando el permiso de reingreso, siempre y cuando esta opción haya sido pedida cuando se presentó la solicitud Si la persona desea hacerse ciudadano estadounidense. se recomienda que los viajes al exterior no excedan más de seis meses. De esa manera, se evita una posible interrupción del periodo de residencia continua que se necesita para hacer el trámite de ciudadanía. Recuerden consultar con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier tramite migratorio.

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  • ¿Cómo me afecta la nueva norma de Carga Pública?

    ¿En qué consiste la regla final de Carga Pública anunciada por el gobierno?

    RESPUESTA: La regla final de Carga Pública anunciada por el gobierno de Donald Trump comenzará a tener vigencia en el mes de octubre, 60 días después de ser publicada en el Registro Federal. La norma establece un nuevo protocolo para determinar a qué extranjero el gobierno le aprobará o no un trámite de ajuste de estatus, como la residencia legal permanente, y una extensión de visa, y para ello tendrá en cuenta si existe o no la amenaza de que en cualquier momento se convierta en una carga pública. Por lo tanto, de ahora en adelante los inmigrantes legales que tengan dudas deben buscar consejo legal para evitar problemas y que les nieguen el trámite. Otro aspecto importante que dictamina la regla final es que corresponde solo al DHS" considerar los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero" al momento de autorizar o aprobar una solicitud de cambio de estatus y prórroga de visa.

    Soy inmigrante y estoy esperando mi residencia legal. ¿Cómo me afecta la nueva norma de Carga Pública?

    RESPUESTA: Algunos grupos de inmigrantes que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso, no se verán afectados por la nueva regla de carga pública, a saber: -Refugiados y asilados. Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política. -Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre del Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006. -Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA). -Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano. -Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA. -Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998. -Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal. -Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA). -Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración. -No inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T. -No inmigrantes víctimas de crímenes que piden la visa U. -Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA. -Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004. Los programas que sí se afectan: Prestaciones económicas por mantenimiento de los ingresos, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Asistencia de Nutrición Suplementaria Programa (SNAP), la mayoría de las formas de Medicaid, Sección asistencia 8 viviendas en el Programa de Vales de Elección de vivienda, Sección 8 basado en un proyecto de Asistencia de Alquiler, Vivienda pública subvencionada.

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