Sábado, 20 Enero 2018
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EL POLEMICO GOBERNADOR DE VERACRUZ, JAVIER DUARTE ES EL HEREDERO DE LOS BIENES DE UNO DE LOS MEJORES AMIGOS DE SU JUVENTUD

Luego de asesinatos y amenazas en contra del gremio periodístico, la pérdida para su partido de una de las gubernaturas más importantes del país y los continuos señalamientos de corrupción, el todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le añade a su administración un nuevo escándalo: Uno de sus mejores amigos de juventud y presunto prestanombres le nombró heredero en su testamento, ni más ni menos que de inmuebles ubicados en lujosas zonas de la capital mexicana.
Faltan poco más de tres meses para que el miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI, oficialista) deje la administración en manos de Miguel Ángel Yunes Linares (del Partido Acción Nacional, PAN, centro).
Sin embargo, entre ambos las acusaciones comenzaron ya hace tiempo. Uno de los señalamientos del gobernador electo es que Moisés Mansur Cysneiros, amigo de años de Duarte, funge también como su operador financiero y prestanombres.
Un periódico tuvo acceso al instrumento notarial 31,738 del libro 1,178 del Registro Público, vale resumir que en el testamento de Mansur – inscrito en septiembre de 2006 ante el notario número 44, Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier - nombra como su heredero a Duarte.
De este modo, en caso del fallecimiento de Mansur Cysneiros, a manos del todavía gobernador de Veracruz pasarían un edificio en Lomas de Chapultepec, una oficina en Polanco y un local en ese mismo barrio.
El rotativo añade que el testamento se mantenía en los mismos términos por lo menos hasta el año 2013, y que como testigo del mismo firma José Antonio Bandín Ruiz, también amigo de los otros dos involucrados.
Yunes, próximo a asumir la gubernatura de Veracruz, declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) que tanto Mansur como Bandín participan en varios grupos creados para adquirir propiedades para Javier Duarte.
Fue en el año 2006, la fecha del registro del testamento, Mansur tenía 30 años de edad, mientras Duarte es mayor apenas por tres.

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    De acuerdo con esa pesquisa de 90 páginas, Bansefi emitió 4.574 tarjetas para 1.495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3.079 plásticos de más, que Bansefi usó para “dispersar recursos en efectivo” que ascienden a 68,8 millones de pesos (unos 3,6 millones de dólares).
    “En la investigación de la autoridad bancaria se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos”, señaló la ONG.

  • Desfalco de Borge

    Hasta 900 millones de pesos, es solo una muestra del posible desfalco atribuido a Roberto Borge.

    El presunto quebrando al erario público de 900 millones de pesos (mdp) que ya tiene al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge en prisión preventiva en el penal federal de Morelos, no es el único desfalco que se atribuye a su gestión.

    En su contra pesan otras acusaciones por las que se asegura que el monto del quebranto en la entidad durante la administración borgista, podría ser mayor a esa cantidad, y por la cual, la Procuraduría General de la República (PGR), lo acusa de lavado de dinero. En la audiencia que se celebró este jueves en un juzgado federal, las autoridades presentaron 86 pruebas para demostrar la presunta enajenación de 22 predios propiedad del estado, los cuales fueron vendidos en 238.7 mdp, cuando su valor real era de 1,138 mdp. En la exposición que hicieron los fiscales federales se explicó que la venta de predios, ubicados en zonas privilegiadas de la región turística, se realizó a través del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado (IPAE) a personas cercanas y familiares del ex mandatario.

    En febrero del año pasado, la PGR informó del aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con las ventas ilegales realizadas durante la gestión del expriista, los cuales estimó en ese momento tenían un valor superior a los 5,000 mdp, pero en la audiencia del jueves, los inmuebles dados a conocer fueron 22 y la cantidad del desfalco disminuyó a 900 millones de pesos.

    En una entrevista que dio el secretario de la Contraloría del estado, Rafael Del Pozo a Expansión días después de aquel aseguramiento señaló que se trataba de penas una pequeña muestra, pues aseguró que si bien se había presentado una denuncia por 850 hectáreas, la enajenación podría alcanzar hasta 9,500.

    Esto, puntualizó, corresponde únicamente a las operaciones realizadas a través del IPAE, pues hubo otras que se realizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

    A nivel estatal, el ex gobernador también tiene un proceso

    pendiente. La Fiscalía General del estado lo acusa directamente de un quebranto al erario de 3,000 mdp. Pero, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones, tan solo en los años de 2015 y 2016, los señalamientos en contra de Borge por las irregularidades cometidas durante su gestión superan los 16,000 mdp y contemplan varios ‘modus operandi’ que van desde el despojo de bienes a través de juicios laborales amañados hasta la creación de un programa fachada para el campo a través de una de las dependencias estatales.

    Estos posibles desfalcos se realizaron a través de una red de más de 80 personas, entre funcionarios, familiares y personas cercanas al ex mandatario,

    incluso, la Auditoría Superior del Estado (ASE) en agosto pasado presentó 27 denuncias contra 84 ex funcionarios que están relacionados con un desfalco de casi 12 mil millones de pesos. El monto del desfalco se realizó a través de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) de donde presuntamente se hizo el desvío de 4,800 mdp que estaban dirigidos al campo, pero nunca llegaron.

    Otra vía para el desfalco fue la puesta en marcha de obras inexistentes, que quedaron incompletas o que se pagaron a sobrecosto. Esto presuntamente se operó desde la Secretaria Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), donde se detectó un posible desvío de 1,500 mdp.

    Las revisiones a las cuentas públicas de los dos últimos años del ex mandatario también dieron cuenta de un posible desvíos en la Secretaría de Finanzas de 2,464 mdp, de los cuales 1,000 se habrían destinado al pago de taxis aéreos a través de empresas de personas cercanas a Borge.

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