Jueves, 18 Enero 2018
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La denuncia de plagio de EPN

La denuncia de plagio de EPN Destacado

Protagonista de otro escándalo: exhibe Aristegui plagio en tesis del Presidente de México, Peña Nieto.

Ha protagonizado diversos escándalos por no saber inglés, por no tener conocimientos sobre libros, por la compra de bienes, comentarios machistas, entre otros, pero ahora, el presidente de México, Enrique Peña Nieto protagoniza un nuevo escándalo, que ha dado la vuelta al mundo, especialmente en las redes sociales.
En su tesis para obtener la licenciatura en derecho por la Universidad Panamericana, Peña Nieto plagió al menos a 10 autores, de quienes reprodujo 197 párrafos sin que en algunos casos ni siquiera los mencionara en su bibliografía, reveló Aristegui Noticias.
El equipo de investigaciones especiales que encabeza la periodista Carmen Aristegui se dio a la tarea, junto con un grupo de especialistas y académicos, de revisar la tesis que en 1991 presentó Peña Nieto, de entonces 25 años, y detectó que cerca del 28.8 por ciento del contenido del escrito fue plagiado.
La tesis del ahora Presidente de México se titula “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón” y está integrada por 200 páginas y 682 párrafos.
“Este medio corroboró directamente en los libros y fuentes originales de cada uno de los párrafos analizados en el estudio y concluyó que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto”, señala Aristegui Noticias.
Los autores plagiados por el Mandatario son el ex Presidente Miguel de la Madrid, el historiador Enrique Krauze, los doctores en derecho Diego Valadés, Jorge Carpizo y Jesús Orozco Henríquez, actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex magistrado electoral.
También plagió textos de Linda Hall, académica de la Universidad de Nuevo México; de los historiadores Alberto Morales Jiménez, Víctor López Villafañe, José María Calderón y Emilio Rabasa, así como del doctor en derecho Felipe Tena Ramírez. El mayor plagio, fue el cometido contra el ex Presidente de la Madrid, quien en 1977 publicó el libro “Estudios de Derecho Constitucional”, del cual Peña Nieto reprodujo íntegros 20 párrafos.
“En el capítulo IV de su tesis, titulado ‘El presidencialismo en la Constitución de 1917 y sus reformas’, Peña Nieto copió uno tras otro los párrafos que aparecen de la página 36 a la 39 del libro del ex presidente De la Madrid, quien gobernó México entre 1982 y 1988”, refiere el portal.
Cumplió con los requisitos
El vocero presidencial respondió anoche a la investigación de Aristegui Noticias.
Eduardo Sánchez dijo que requirió de la información para responder puntualmente, pero no se la hicieron llegar. Sólo conoció un cuadro comparativo que contabilizaba párrafos y citas.
La respuesta oficial fue: “El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años. Cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado”.

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  • Desfalco de Borge

    Hasta 900 millones de pesos, es solo una muestra del posible desfalco atribuido a Roberto Borge.

    El presunto quebrando al erario público de 900 millones de pesos (mdp) que ya tiene al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge en prisión preventiva en el penal federal de Morelos, no es el único desfalco que se atribuye a su gestión.

    En su contra pesan otras acusaciones por las que se asegura que el monto del quebranto en la entidad durante la administración borgista, podría ser mayor a esa cantidad, y por la cual, la Procuraduría General de la República (PGR), lo acusa de lavado de dinero. En la audiencia que se celebró este jueves en un juzgado federal, las autoridades presentaron 86 pruebas para demostrar la presunta enajenación de 22 predios propiedad del estado, los cuales fueron vendidos en 238.7 mdp, cuando su valor real era de 1,138 mdp. En la exposición que hicieron los fiscales federales se explicó que la venta de predios, ubicados en zonas privilegiadas de la región turística, se realizó a través del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado (IPAE) a personas cercanas y familiares del ex mandatario.

    En febrero del año pasado, la PGR informó del aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con las ventas ilegales realizadas durante la gestión del expriista, los cuales estimó en ese momento tenían un valor superior a los 5,000 mdp, pero en la audiencia del jueves, los inmuebles dados a conocer fueron 22 y la cantidad del desfalco disminuyó a 900 millones de pesos.

    En una entrevista que dio el secretario de la Contraloría del estado, Rafael Del Pozo a Expansión días después de aquel aseguramiento señaló que se trataba de penas una pequeña muestra, pues aseguró que si bien se había presentado una denuncia por 850 hectáreas, la enajenación podría alcanzar hasta 9,500.

    Esto, puntualizó, corresponde únicamente a las operaciones realizadas a través del IPAE, pues hubo otras que se realizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

    A nivel estatal, el ex gobernador también tiene un proceso

    pendiente. La Fiscalía General del estado lo acusa directamente de un quebranto al erario de 3,000 mdp. Pero, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones, tan solo en los años de 2015 y 2016, los señalamientos en contra de Borge por las irregularidades cometidas durante su gestión superan los 16,000 mdp y contemplan varios ‘modus operandi’ que van desde el despojo de bienes a través de juicios laborales amañados hasta la creación de un programa fachada para el campo a través de una de las dependencias estatales.

    Estos posibles desfalcos se realizaron a través de una red de más de 80 personas, entre funcionarios, familiares y personas cercanas al ex mandatario,

    incluso, la Auditoría Superior del Estado (ASE) en agosto pasado presentó 27 denuncias contra 84 ex funcionarios que están relacionados con un desfalco de casi 12 mil millones de pesos. El monto del desfalco se realizó a través de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) de donde presuntamente se hizo el desvío de 4,800 mdp que estaban dirigidos al campo, pero nunca llegaron.

    Otra vía para el desfalco fue la puesta en marcha de obras inexistentes, que quedaron incompletas o que se pagaron a sobrecosto. Esto presuntamente se operó desde la Secretaria Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), donde se detectó un posible desvío de 1,500 mdp.

    Las revisiones a las cuentas públicas de los dos últimos años del ex mandatario también dieron cuenta de un posible desvíos en la Secretaría de Finanzas de 2,464 mdp, de los cuales 1,000 se habrían destinado al pago de taxis aéreos a través de empresas de personas cercanas a Borge.

  • Crecieron las exportaciones

    Más exportaciones agroalimentarias de México a Canada
    El valor de las exportaciones agroalimentarias de México a Canadá aumentaron un 10% en los primeros nueve meses de 2017, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Hasta septiembre, el valor de las exportaciones agroalimentarias totales de México a Canadá ascendieron a 1.397 millones de dólares estadounidenses, frente a los 1.536 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, informó la Sagarpa.
    La institución prevé que las exportaciones a esa nación lleguen a los 2.000 millones de dólares en ventas agroalimentarias.
    La balanza comercial en los primeros nueve meses de 2017 tuvo un superávit para México de 476 millones de dólares, un 7 % más que en el mismo periodo del pasado año, cuando la balanza comercial fue favorable para México en 445 millones de dólares. Durante este lapso, los principales productos de exportación del sector agroalimentario mexicano a Canadá fueron aguacate, cuya venta aumentó un 37 % en comparación con el año pasado, las frambuesas y zarzamoras, 26 %; fresas frescas; 62 %; coliflores y brócoli, 273 %, y arándanos frescos, 127 %.
    Por su parte, las importaciones provenientes de ese país, socio de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aumentaron 11 % en el periodo enero-septiembre de este año en su comparación anual, hasta situarse en 1.060 millones de dólares.
    En los primeros nueve meses del año, los principales productos que se importaron de Canadá fueron semillas de canola, trigo y mostajo, entre otros. México se encuentra inmerso en un proceso de diversificación comercial a raíz de la renegociación del TLCAN, que comparte con Estados Unidos y Canadá, impuesta por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, que llegó a calificar este convenio de “desastre” para la economía estadounidense.
    México destina más del 80 % del total de sus exportaciones a Estados Unidos, por lo que un cierre desfavorable de dicha negociación del tratado podría afectarlo gravemente.

  • Rechazo de Ley

    Cientos marchan para exigir a Peña Nieto vetar polémica Ley de Seguridad.

    Cientos de mexicanos marcharon hacia la residencia oficial del presidente Enrique Peña Nieto para exigirle que vete la Ley de Seguridad Interior, recién aprobada por el Congreso, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

    Convocados por el colectivo de derechos humanos Seguridad Sin Guerra, formado por familiares de víctimas de la violencia, académicos y delegados de unas 140 agrupaciones civiles, unos 500 manifestantes partieron al mediodía del monumento conocido como Estela de Luz hacia la residencia presidencial de Los Pinos. “Peña, fascista, veta la ley golpista” y “Queremos paz, queremos paz, contra la guerra y la impunidad, queremos paz” eran algunos de los lemas que coreaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, durante el trayecto de casi cuatro kilómetros.

    La actriz de teatro Lilian Lara dijo dijo haberse sumado a la movilización porque la ley es “inconstitucional”. “¿Por qué entonces todos han votado a favor. Ahí hay una incongruencia muy grande. De lo que habla es de represión y de un absurdo gigante”, manifestó tajante. Con 262 votos en favor, 25 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones enviadas por el Senado y lo envió al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

    La ley reafirma la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrásolicitar la intervención de laFederación ante problemasde seguridad y obtener unaDeclaratoria de Protección.

    Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, que no podrá exceder un año, pero con la posibilidad de prorrogarse si hay justificación.

    Si las amenazas a la seguridad representan un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

    Los militares asumieron tareas de seguridad pública en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

    El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 150,000 muertes vinculadas al crimen organizado en ese lapso y más de 30,000 desaparecidos. Antes del aval legislativo, Amnistía Internacional se sumó a la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles “de generar un diálogo nacional” para defender los derechos humanos. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elisabeth Throssell, calificó de “lamentable” la aprobación e indicó que la posición del alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, es que el principal defensor de la seguridad nacional debe ser la Policía no las Fuerzas Armadas.

    El grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano anunció que presentará en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la ley, al considerar que “esconde la intención de militarizar el país”. A su vez, la CNDH reiteró su “preocupación porque el contenido de la Ley de Seguridad Interior contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos” y anunció que estudiará presentar por su parte una acción de inconstitucionalidad.

    Un sondeo reveló que 59 % de los mexicanos apoyan que los militares participen legalmente, al considerar que están mejor preparados, además de la debilidad de las policías municipales, coludidas con criminales, es una de las razones que alegan quienes favorecen la presencia.

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