Sábado, 20 Enero 2018
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Aumentan los Feminicidios

Aumentan los Feminicidios Destacado

A un año del mecanismo contra la violencia de género, los feminicidios aumentan en Morelos.

Han incrementado los asesinatos hacia las mujeres. Hace un año, para frenar la ola de feminicidios, en el estado de Morelos, se emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ocho de sus municipios; sin embargo, los índices de este delito se mantienen. Cada mes, siete mujeres son asesinadas, pero el gobierno no quiere reconocerlo, así lo indica un informe.
El gobierno de Morelos, que es encabezado por Graco Ramírez Garrido, desde los primeros meses informes que había cumplido con las recomendaciones de la Alerta en materia de implementación, ejecución
y vigilancia. Desde enero de 2015 y hasta la fecha, la cifra oficial de feminicidios en el estado es de 19 casos.
Al hacer un balance del año de la también llamada alerta de género, la secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, Irais Ortega Zúñiga, refirió que se ha avanzado en la materia y que en 2016 solamente se han suscitado tres feminicidios.
“A la fecha, se han registrado un total de 12 mil 317 dispositivos (unidades de auxilio), donde se han atendido 11 delitos de abuso sexual; 12 de hostigamiento sexual; seis por estupro; cuatro por violación; 11 por trata de personas; cuatro lenocinio; tres feminicidios y 31 de violencia familiar”, anunció Ortega.
Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) las cifras del gobierno no corresponden a la realidad, pues en un informe documenta 86 feminicidios, más de siete mujeres asesinadas cada mes desde que la alerta de género fue decretada. José Martínez, integrante de la CIDHM, expuso que existen varios problemas, pero el más grave es que el gobierno de Morelos no ha implementado y ejecutado de forma efectiva y con apego a las recomendaciones federales la alerta, por tanto no está garantizando la vida y seguridad de las mujeres.
“Si la alerta se hubiera implementado correctamente, al menos 86 mujeres se hubieran salvado desde que fue decretado el mecanismo (en agosto de 2015)”, dijo Martínez.
“El gobierno federal hizo recomendaciones muy puntuales al gobierno de Morelos para la implementación de la alerta y para su cumplimiento y verificación, pero el gobierno local no ha cumplido, y lo decimos porque el número de feminicidios no ha disminuido, sino que se mantiene en lo más alto de niveles de violencia que hemos tenido en los últimos años”, explicó Martínez.
Paloma Estrada Muñoz, integrante de la Comisión aseveró que la cifra oficial solamente toma en cuenta los casos reconocidos.

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    El presunto quebrando al erario público de 900 millones de pesos (mdp) que ya tiene al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge en prisión preventiva en el penal federal de Morelos, no es el único desfalco que se atribuye a su gestión.

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    En febrero del año pasado, la PGR informó del aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con las ventas ilegales realizadas durante la gestión del expriista, los cuales estimó en ese momento tenían un valor superior a los 5,000 mdp, pero en la audiencia del jueves, los inmuebles dados a conocer fueron 22 y la cantidad del desfalco disminuyó a 900 millones de pesos.

    En una entrevista que dio el secretario de la Contraloría del estado, Rafael Del Pozo a Expansión días después de aquel aseguramiento señaló que se trataba de penas una pequeña muestra, pues aseguró que si bien se había presentado una denuncia por 850 hectáreas, la enajenación podría alcanzar hasta 9,500.

    Esto, puntualizó, corresponde únicamente a las operaciones realizadas a través del IPAE, pues hubo otras que se realizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

    A nivel estatal, el ex gobernador también tiene un proceso

    pendiente. La Fiscalía General del estado lo acusa directamente de un quebranto al erario de 3,000 mdp. Pero, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones, tan solo en los años de 2015 y 2016, los señalamientos en contra de Borge por las irregularidades cometidas durante su gestión superan los 16,000 mdp y contemplan varios ‘modus operandi’ que van desde el despojo de bienes a través de juicios laborales amañados hasta la creación de un programa fachada para el campo a través de una de las dependencias estatales.

    Estos posibles desfalcos se realizaron a través de una red de más de 80 personas, entre funcionarios, familiares y personas cercanas al ex mandatario,

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