Sábado, 20 Enero 2018
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México dice “NO” al muro

México dice “NO” al muro Destacado

El Presidente de México aseguró que no hay forma de pagar el muro.

Por: Iris Márquez

“No hay forma” de que México pueda pagar un muro como el que plantea el republicano Donald Trump, pero cualquier decisión dentro de Estados Unidos es una decisión de su gobierno, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
El primer mandatario destacó que la prosperidad económica y social a ambos lados de la frontera se basa en una relación firme entre México y los Estados Unidos. “La relación con Estados Unidos es de compañeros de viaje, socios estratégicos que trabajan en pos de la seguridad en América del Norte. El desarrollo, la prosperidad en Estados Unidos, se construye sobre la prosperidad de sus países vecinos”, dijo el mandatario mexicano.
“Y esto es lo que hemos construido. Y lo diré de nuevo, esto es lo que hemos estado haciendo con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos una relación de coordinación, de colaboración y de cooperación en el ámbito de la seguridad, precisamente con el fin de tener la seguridad en México, para tener seguridad en EE.UU. y ... somos compañeros de viaje.
Somos socios estratégicos de trabajo para la seguridad en América del Norte”. En Nueva York, en junio de 2015, al tiempo que anunció su candidatura presidencial, Trump dijo: “Cuando México envía a su gente, no están enviando a lo mejor que podrían enviar. Están enviando... personas que tienen un montón de problemas, y que van a traernos esos problemas. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores, y algunos, supongo, son buenas personas “. “No puedo estar de acuerdo con esa generalización de los mexicanos”, dijo Peña Nieto. “No hay manera de estar de acuerdo con comentarios como estos, que describen a todos los mexicanos de tal manera”.
Hay criminales en todos los países, dijo el mandatario mexicano, y “tenemos que luchar y aplicar todo el rigor de la ley” para llevar a esas personas ante la justicia. Sin embargo, México y Estados Unidos están “en gran parte integrados” uno con el otro.

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    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista mexicano Carlos Domínguez, el primer caso de 2018, e instó al Gobierno de México a hacer lo que corresponde para que el crimen no quede impune. “Sabemos que la violencia tiene terribles consecuencias para la familia del periodista y sus colegas. Enviamos nuestra solidaridad a los afectados y urgimos al gobierno a cumplir con su responsabilidad de investigar, identificar a los asesinos y autores intelectuales y castigar a todos los involucrados”, señaló el presidente de la SIP, Gustavo Mohme. Domínguez, profesor y periodista independiente, fue apuñalado cuando estaba en un automóvil en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Robeto Rock, presidente del Comité de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que asesinar periodistas es “una forma extrema de censura”. “La falta de justicia y castigo (para los autores de estos asesinatos) alienta otros actos de violencia, lleva a la autocensura como medio de defensa e inhibe el ejercicio de la libertad de expresión”.

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    Denuncian desvío millonario en ayudas a damnificados del sismo

    Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades y un desvío millonario en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre, denunció la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “Según la pesquisa, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió múltiples tarjetas a nombre de 1.495 beneficiarios. La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron unos 3,6 millones de dólares”, explicó la organización. MCCI contactó a damnificados cuyos nombres aparecen en hasta 34 tarjetas y detectó incluso que algunos de ellos, pese a la supuesta recepción de ayudas, “ni siquiera recibieron una tarjeta”, a la que se depositan los fondos.
    En la comunidad de Tenochtitlán, en Villaflores (Chiapas), Reynaldo Molina Espinoza trata de que su casa de adobe siga en pie cuatro meses después del terremoto del 7 de septiembre, de magnitud 8,2, con la ayuda de 15.000 pesos (789,5 dólares) que recibió a través de una tarjeta. Pero Molina Espinoza no sabe que en los registros de Bansefi su nombre aparece en 34 tarjetas, a las cuales se les depositó un total de 510.000 pesos (26.842 dólares), denunció la ONG.
    En una investigación realizada por la CNBV -a la cual MCCI tuvo acceso-, el nombre de Reynaldo Molina Espinoza aparece como parte de 1.495 casos de damnificados de los terremotos del 7, el 19 y el 23 de septiembre en México -que dejaron cientos de miles de viviendas dañadas- y a cuyo nombre Bansefi emitió muchas más tarjetas de las que tenían derecho.
    De acuerdo con esa pesquisa de 90 páginas, Bansefi emitió 4.574 tarjetas para 1.495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3.079 plásticos de más, que Bansefi usó para “dispersar recursos en efectivo” que ascienden a 68,8 millones de pesos (unos 3,6 millones de dólares).
    “En la investigación de la autoridad bancaria se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos”, señaló la ONG.

  • Desfalco de Borge

    Hasta 900 millones de pesos, es solo una muestra del posible desfalco atribuido a Roberto Borge.

    El presunto quebrando al erario público de 900 millones de pesos (mdp) que ya tiene al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge en prisión preventiva en el penal federal de Morelos, no es el único desfalco que se atribuye a su gestión.

    En su contra pesan otras acusaciones por las que se asegura que el monto del quebranto en la entidad durante la administración borgista, podría ser mayor a esa cantidad, y por la cual, la Procuraduría General de la República (PGR), lo acusa de lavado de dinero. En la audiencia que se celebró este jueves en un juzgado federal, las autoridades presentaron 86 pruebas para demostrar la presunta enajenación de 22 predios propiedad del estado, los cuales fueron vendidos en 238.7 mdp, cuando su valor real era de 1,138 mdp. En la exposición que hicieron los fiscales federales se explicó que la venta de predios, ubicados en zonas privilegiadas de la región turística, se realizó a través del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado (IPAE) a personas cercanas y familiares del ex mandatario.

    En febrero del año pasado, la PGR informó del aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con las ventas ilegales realizadas durante la gestión del expriista, los cuales estimó en ese momento tenían un valor superior a los 5,000 mdp, pero en la audiencia del jueves, los inmuebles dados a conocer fueron 22 y la cantidad del desfalco disminuyó a 900 millones de pesos.

    En una entrevista que dio el secretario de la Contraloría del estado, Rafael Del Pozo a Expansión días después de aquel aseguramiento señaló que se trataba de penas una pequeña muestra, pues aseguró que si bien se había presentado una denuncia por 850 hectáreas, la enajenación podría alcanzar hasta 9,500.

    Esto, puntualizó, corresponde únicamente a las operaciones realizadas a través del IPAE, pues hubo otras que se realizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

    A nivel estatal, el ex gobernador también tiene un proceso

    pendiente. La Fiscalía General del estado lo acusa directamente de un quebranto al erario de 3,000 mdp. Pero, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones, tan solo en los años de 2015 y 2016, los señalamientos en contra de Borge por las irregularidades cometidas durante su gestión superan los 16,000 mdp y contemplan varios ‘modus operandi’ que van desde el despojo de bienes a través de juicios laborales amañados hasta la creación de un programa fachada para el campo a través de una de las dependencias estatales.

    Estos posibles desfalcos se realizaron a través de una red de más de 80 personas, entre funcionarios, familiares y personas cercanas al ex mandatario,

    incluso, la Auditoría Superior del Estado (ASE) en agosto pasado presentó 27 denuncias contra 84 ex funcionarios que están relacionados con un desfalco de casi 12 mil millones de pesos. El monto del desfalco se realizó a través de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) de donde presuntamente se hizo el desvío de 4,800 mdp que estaban dirigidos al campo, pero nunca llegaron.

    Otra vía para el desfalco fue la puesta en marcha de obras inexistentes, que quedaron incompletas o que se pagaron a sobrecosto. Esto presuntamente se operó desde la Secretaria Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), donde se detectó un posible desvío de 1,500 mdp.

    Las revisiones a las cuentas públicas de los dos últimos años del ex mandatario también dieron cuenta de un posible desvíos en la Secretaría de Finanzas de 2,464 mdp, de los cuales 1,000 se habrían destinado al pago de taxis aéreos a través de empresas de personas cercanas a Borge.

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